La opinión de expertos en Derecho es contrapuesta. La reapertura de la causa por la “Operación Traviata”, nombre del reciente libro publicado por el periodista Ceferino Reato, desencadena un futuro inesperado. La muerte del líder de la CGT en el centro de escena
La causa que investiga la muerte de José Ignacio Rucci cerrada en 1988, fue re-abierta esta semana y con ello se impulsa a nivel social una discusión sobre el rol de la justicia.
Claudia y Aníbal Rucci, hijos del asesinado sindicalista metalúrgico pidieron la reapertura de la causa, por lo que se llamará a declarar al autor del libro Operación Traviata, el periodista Ceferino Reato, quien con su publicación realizada en agosto aportó nuevas hipótesis que podrían ser determinantes para que los tribunales que en años del autodenominado Proceso no lograron encontrar culpables, hoy lo hagan.
Discusión Jurídica
La discusión en el plano jurídico gira en torno a la posibilidad o no de reabrir la causa del ex secretario general de la CGT y delegado de Juan Domingo Perón: declarar este caso como delito de lesa humanidad y en consecuencia plantear su imprescriptibilidad.
En 1945, durante el proceso conocido como Juicio de Nurember, que buscaba juzgar a los nazis, Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia suscribieron la Carta del Tribunal Militar Internacional, donde aparece la categoría de crímenes de lesa humanidad, para superar el hasta entonces concepto de crimen de guerra tradicional.
En 1998 se crea el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que entró en vigencia el 1º de Julio del 2002, en el artículo séptimo, explica que “se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.
Además se tipifican un total de once actos incluidos en dicha categoría. El mismo artículo explica que la desaparición forzada debe ser realizada por parte “de personas por un Estado o una organización política, con su autorización, apoyo o aquiescencia”. Una de las hipótesis menciona al grupo Montoneros como hacedores del asesinato.
En diálogo con Reporteros, Fabián Salvioli, Director del Instituto y la Maestría en Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, electo para integrar el Comité de Derechos Humanos de la ONU, consideró que este caso no podría ser visto como de lesa humanidad porque para ello “debe inscribirse en el marco de un plan general, o sistemático”. Visto así este “no es más que un caso particular” impedido de ser imprescriptible.
Además el profesor Salvioli entiende que el estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, no puede ser aplicado retroactivamente, y no podría juzgarse con dicho instrumento legal ya que la muerte del metalúrgico Rucci sucedida en 1973. “Si fuera por los efectos todo sería imprescriptible”, sintetizaba Salvioli para oponerse a la doctrina que se basa en los efectos que producen los hechos.
Por su parte, y poniendo de manifiesto las discrepancias existentes en el derecho, el docente de la cátedra de Derecho Internacional Público (de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales) Norberto Consani, apoya su visión favorable a los efectos en que es la misma doctrina que utiliza el fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional Luís Moreno Ocampo.
Al ser consultado por este medio Consani, también director y fundador del Instituto de Relaciones Internacionales (IRI), precisó que el juicio por la muerte de Rucci, debería ser considerado imprescriptible y juzgarse bajo el delito de lesa humanidad.
La Corte Suprema de Justicia ya estableció en sus fallos que un delito de lesa humanidad es sólo aquel cometido desde el aparato del Estado y que no toda violación a los derechos humanos es un crimen contra la humanidad.
Así fue en los casos de los represores Arancibia Clavel y Julio Simón y al denegar la extradición del vasco Jesús Lariz Iriondo, acusado de participar en atentados de la ETA además, acordó que los crímenes de lesa humanidad son específicamente aquellos cometidos “con la participación o tolerancia del poder político de iure o facto”.
Ante la existencia de una realidad juzgada diferente a los postulados del director del IRI, esté explica que “como entidad política el Estado, y los órganos que lo componen, se politiza aunque no deberían”, y así es como los jueces, pueden cambiar la jurisprudencia en un rumbo contrario al anterior, y de ese modo no habría inconveniente para creer que el derecho cambie.
Para expresar como varían las líneas de interpretación, se suele decir en el derecho, “la jurisprudencia cambia todos los jueves”, porque ese día se reúne y dicta sentencias la Corte Suprema de Estados Unidos.
Tramas políticas
Al tomar posición sobre el tema que en la actualidad ocupa el centro de escena de discusión jurídico/política, el actual líder de la CGT, Hugo Moyano, dijo 'todos los crímenes de esa naturaleza deberían ser de lesa humanidad”.
“Fue un crimen que trató de perjudicar al Gobierno de Perón, que había ganado una elección”. Estas palabras y el apoyo a la familia del fallecido sindicalista fueron percibidas por algunos como el modo para mostrar sus diferencias con algunos ex montoneros miembros del entorno del actual gobierno de Cristina Fernández.
Según la investigación relatada en Operación Traviata, ¿quién mató a Rucci?, el ataque fue realizado por un pelotón de Montoneros encabezado por Julio Iván Roqué, un pedagogo cordobés conocido como “Lino”. Además el libro contrastaría con la versión ofrecida por Horacio Verbitsky.
Lo que ocurra con la causa sobre el asesinato de Rucci tendrá implicancias futuras. Se evidencia que si existe juzgamiento sobre miembros de la agrupación Montoneros por ese delito, otros damnificados por dicho grupo u movimientos similares comenzarían a pedir su justicia.
Docentes de Derecho Político de la UNLP consultados por este medio, no quisieron arriesgar opiniones porque, según argumentaron, “se debería observar la relación que tendría declarar de lesa humanidad e imprescriptibilidad el caso Rucci en el futuro, con las leyes anti terrorista impulsadas por Washintong y aprobadas en el congreso nacional”. Así dejaron entre ver la posibilidad que abre el tratamiento del tema a la criminalización de la protesta social.
Claudia y Aníbal Rucci, hijos del asesinado sindicalista metalúrgico pidieron la reapertura de la causa, por lo que se llamará a declarar al autor del libro Operación Traviata, el periodista Ceferino Reato, quien con su publicación realizada en agosto aportó nuevas hipótesis que podrían ser determinantes para que los tribunales que en años del autodenominado Proceso no lograron encontrar culpables, hoy lo hagan.
Discusión Jurídica
La discusión en el plano jurídico gira en torno a la posibilidad o no de reabrir la causa del ex secretario general de la CGT y delegado de Juan Domingo Perón: declarar este caso como delito de lesa humanidad y en consecuencia plantear su imprescriptibilidad.
En 1945, durante el proceso conocido como Juicio de Nurember, que buscaba juzgar a los nazis, Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia suscribieron la Carta del Tribunal Militar Internacional, donde aparece la categoría de crímenes de lesa humanidad, para superar el hasta entonces concepto de crimen de guerra tradicional.
En 1998 se crea el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que entró en vigencia el 1º de Julio del 2002, en el artículo séptimo, explica que “se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.
Además se tipifican un total de once actos incluidos en dicha categoría. El mismo artículo explica que la desaparición forzada debe ser realizada por parte “de personas por un Estado o una organización política, con su autorización, apoyo o aquiescencia”. Una de las hipótesis menciona al grupo Montoneros como hacedores del asesinato.
En diálogo con Reporteros, Fabián Salvioli, Director del Instituto y la Maestría en Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, electo para integrar el Comité de Derechos Humanos de la ONU, consideró que este caso no podría ser visto como de lesa humanidad porque para ello “debe inscribirse en el marco de un plan general, o sistemático”. Visto así este “no es más que un caso particular” impedido de ser imprescriptible.
Además el profesor Salvioli entiende que el estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, no puede ser aplicado retroactivamente, y no podría juzgarse con dicho instrumento legal ya que la muerte del metalúrgico Rucci sucedida en 1973. “Si fuera por los efectos todo sería imprescriptible”, sintetizaba Salvioli para oponerse a la doctrina que se basa en los efectos que producen los hechos.
Por su parte, y poniendo de manifiesto las discrepancias existentes en el derecho, el docente de la cátedra de Derecho Internacional Público (de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales) Norberto Consani, apoya su visión favorable a los efectos en que es la misma doctrina que utiliza el fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional Luís Moreno Ocampo.
Al ser consultado por este medio Consani, también director y fundador del Instituto de Relaciones Internacionales (IRI), precisó que el juicio por la muerte de Rucci, debería ser considerado imprescriptible y juzgarse bajo el delito de lesa humanidad.
La Corte Suprema de Justicia ya estableció en sus fallos que un delito de lesa humanidad es sólo aquel cometido desde el aparato del Estado y que no toda violación a los derechos humanos es un crimen contra la humanidad.
Así fue en los casos de los represores Arancibia Clavel y Julio Simón y al denegar la extradición del vasco Jesús Lariz Iriondo, acusado de participar en atentados de la ETA además, acordó que los crímenes de lesa humanidad son específicamente aquellos cometidos “con la participación o tolerancia del poder político de iure o facto”.
Ante la existencia de una realidad juzgada diferente a los postulados del director del IRI, esté explica que “como entidad política el Estado, y los órganos que lo componen, se politiza aunque no deberían”, y así es como los jueces, pueden cambiar la jurisprudencia en un rumbo contrario al anterior, y de ese modo no habría inconveniente para creer que el derecho cambie.
Para expresar como varían las líneas de interpretación, se suele decir en el derecho, “la jurisprudencia cambia todos los jueves”, porque ese día se reúne y dicta sentencias la Corte Suprema de Estados Unidos.
Tramas políticas
Al tomar posición sobre el tema que en la actualidad ocupa el centro de escena de discusión jurídico/política, el actual líder de la CGT, Hugo Moyano, dijo 'todos los crímenes de esa naturaleza deberían ser de lesa humanidad”.
“Fue un crimen que trató de perjudicar al Gobierno de Perón, que había ganado una elección”. Estas palabras y el apoyo a la familia del fallecido sindicalista fueron percibidas por algunos como el modo para mostrar sus diferencias con algunos ex montoneros miembros del entorno del actual gobierno de Cristina Fernández.
Según la investigación relatada en Operación Traviata, ¿quién mató a Rucci?, el ataque fue realizado por un pelotón de Montoneros encabezado por Julio Iván Roqué, un pedagogo cordobés conocido como “Lino”. Además el libro contrastaría con la versión ofrecida por Horacio Verbitsky.
Lo que ocurra con la causa sobre el asesinato de Rucci tendrá implicancias futuras. Se evidencia que si existe juzgamiento sobre miembros de la agrupación Montoneros por ese delito, otros damnificados por dicho grupo u movimientos similares comenzarían a pedir su justicia.
Docentes de Derecho Político de la UNLP consultados por este medio, no quisieron arriesgar opiniones porque, según argumentaron, “se debería observar la relación que tendría declarar de lesa humanidad e imprescriptibilidad el caso Rucci en el futuro, con las leyes anti terrorista impulsadas por Washintong y aprobadas en el congreso nacional”. Así dejaron entre ver la posibilidad que abre el tratamiento del tema a la criminalización de la protesta social.
*(Fuente. Por Estanislao Arpone Portal Reporteros de la Universidad)
Entrevista exclusiva a Luis Moreno Ocampo, Fiscal de la Corte Penal Internacional
Las FARC pueden ser investigadas por “crímenes de lesa humanidad”
“En cualquier país, si se probara que una guerrilla produjo ataques masivos y sistemáticos contra la población civil, estamos ante crímenes de lesa humanidad”. Con esas palabras, Luis Moreno Ocampo justificó su afirmación de que las FARC, el principal grupo insurgente colombiano, “pueden ser pasibles de una investigación” en la Corte Penal Internacional, que tiene su sede en La Haya. Además, puso en duda la doctrina del gobierno kirchnerista, que sostiene que sólo el Estado puede cometer ese tipo de delitos y que permite que los crímenes de la guerrilla en los 70 no estén siendo juzgados.
Desde su entrada en funciones en 2003 como procurador de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, el argentino Luis Moreno Ocampo abrió sumarios sobre cuatro países africanos: Uganda, Sudán, Congo y República Centroafricana, y puso en marcha “exámenes preliminares” en otros seis países de tres continentes, incluyendo el conflicto armado interno en Colombia, en el que admite que podría investigar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el principal grupo guerrillero de ese país, por crímenes de lesa humanidad.
En una entrevista exclusiva con PERFIL, Moreno Ocampo dijo que “los crímenes de guerra o contra la humanidad pueden ser cometidos por grupos no estatales. Las FARC son pasibles de una investigación. El gobierno colombiano nos ha enviado información porque tienen casos contra líderes de las FARC. Todavía no hemos tomado una decisión”.
Para Moreno Ocampo, los crímenes contra la humanidad no son exclusivos de un Estado o de un grupo estatal, como sostiene el gobierno de Cristina Kirchner, que también en esta materia sigue al de su esposo, Néstor. “Un crimen de lesa humanidad es una ataque sistemático y organizado contra la población civil. Si pudiera probarse que grupos guerrilleros realizan esos crímenes, podría afirmarse que cometen crímenes de lesa humanidad. En el Estatuto de Roma no hay nada que exija que solo el Estado puede cometer tales crímenes. En cualquier país, si se probara que una guerrilla produjo ataques masivos y sistemáticos contra la población civil, estamos ante crímenes de lesa humanidad”, explicó Moreno Ocampo.
Para Moreno Ocampo, los crímenes contra la humanidad no son exclusivos de un Estado o de un grupo estatal, como sostiene el gobierno de Cristina Kirchner, que también en esta materia sigue al de su esposo, Néstor. “Un crimen de lesa humanidad es una ataque sistemático y organizado contra la población civil. Si pudiera probarse que grupos guerrilleros realizan esos crímenes, podría afirmarse que cometen crímenes de lesa humanidad. En el Estatuto de Roma no hay nada que exija que solo el Estado puede cometer tales crímenes. En cualquier país, si se probara que una guerrilla produjo ataques masivos y sistemáticos contra la población civil, estamos ante crímenes de lesa humanidad”, explicó Moreno Ocampo.
Sus palabras adquieren un peso especial no sólo por su cargo actual: en Argentina, a Moreno Ocampo se lo recuerda por su papel estelar como fiscal en el juicio contra los cabecillas de la última dictadura militar, en 1985.
—Usted visitó Colombia en noviembre de 2007 y está llevando a cabo un examen preliminar. ¿Cuándo se conocerán sus conclusiones?
—Nuestro tribunal interviene en la medida que el sistema nacional de justicia no investigue o haya impunidad. Los juicios que a mí me gustaría hacer, los debe realizar el país. Si no lo hace, lo hago yo. Estamos monitoreando los procedimientos abiertos en Colombia contra los jefes paramilitares, un tema que implica a miembros del Congreso. Fuimos y nos entrevistamos con las víctimas y vimos a los jueces, a los fiscales y al gobierno para entender su visión de la situación. Estamos analizando la evolución de esos casos y una vez terminada la evaluación, vamos a pronunciarnos.
—Nuestro tribunal interviene en la medida que el sistema nacional de justicia no investigue o haya impunidad. Los juicios que a mí me gustaría hacer, los debe realizar el país. Si no lo hace, lo hago yo. Estamos monitoreando los procedimientos abiertos en Colombia contra los jefes paramilitares, un tema que implica a miembros del Congreso. Fuimos y nos entrevistamos con las víctimas y vimos a los jueces, a los fiscales y al gobierno para entender su visión de la situación. Estamos analizando la evolución de esos casos y una vez terminada la evaluación, vamos a pronunciarnos.
—¿Qué piensa de las acusaciones contra el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, formuladas por el presidente de Colombia, Alvaro Uribe, quien le reprocha financiar a las FARC?
—Probablemente, vamos a pedir esas informaciones a los tres países relacionados, Colombia, Venezuela y Ecuador, cuyos Estados forman parte del Estatuto de Roma que ha creado nuestro tribunal.
Nacido en 1952, padre de cuatro hijos, este abogado y ex fiscal federal de Argentina se ha convertido en el procurador de la Corte Penal Internacional (CPI). A diferencia de los juicios en Nuremberg, la ex Yugoslavia y Ruanda, motivados por decisiones políticas de la comunidad internacional, la CPI encarna una “decisión jurisdiccional” de los Estados que firmaron el Estatuto de Roma en 1998 para investigar y sancionar genocidios, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad desde su entrada en vigor, el 1º de julio de 2002.
Nacido en 1952, padre de cuatro hijos, este abogado y ex fiscal federal de Argentina se ha convertido en el procurador de la Corte Penal Internacional (CPI). A diferencia de los juicios en Nuremberg, la ex Yugoslavia y Ruanda, motivados por decisiones políticas de la comunidad internacional, la CPI encarna una “decisión jurisdiccional” de los Estados que firmaron el Estatuto de Roma en 1998 para investigar y sancionar genocidios, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad desde su entrada en vigor, el 1º de julio de 2002.
—Le reprochan ser demasiado prudente, como si esperaran de usted un mayor número de iniciativas. ¿Cuál es su balance?
—El destino de un fiscal es ser criticado. Los mismos que criticaron a Carla del Ponte por haber hecho una instrucción muy grande contra el presidente serbio, Slobodan Milosevic, me critican a mí porque consideran menor el sumario que he iniciado contra Thomas Lubanga Dyilo en la República Democrática del Congo. No hay consenso y me parece muy bien que haya críticas. Me comprometí a perseguir a los altos responsables y he cumplido. Lubanga es el número uno del grupo de criminales que estuvo involucrado. También estoy instruyendo un segundo caso en ese país contra Germán Katanga y Mathieu N’Gudjolo, jefes de otro grupo. Estas tres personas han sido arrestadas y el primer juicio en La Haya está previsto para junio. En Uganda, investigó a los cinco jefes de la Lord’s Resistance Lord. En Darfour, inculpé al entonces ministro del Interior, hoy ministro de Asuntos Humanitarios, Ahmed Harun. Cuando analizo un caso elijo los crímenes más graves e investigo a sus máximos responsables.
*Desde Ginebra
*Desde Ginebra
Los Kirchner usan una vara más corta
El procurador general de la Nación, Esteban Righi, estableció ya un criterio restringido: sólo son considerados delitos de lesa humanidad los crímenes cometidos desde el aparato del Estado. La orden llegó el año pasado a todos los fiscales del país. Con esta doctrina, los ataques cometidos por la guerrilla, como los Montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo, no están siendo considerados de lesa humanidad y por esa razón han prescripto.
El procurador general de la Nación, Esteban Righi, estableció ya un criterio restringido: sólo son considerados delitos de lesa humanidad los crímenes cometidos desde el aparato del Estado. La orden llegó el año pasado a todos los fiscales del país. Con esta doctrina, los ataques cometidos por la guerrilla, como los Montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo, no están siendo considerados de lesa humanidad y por esa razón han prescripto.
También la Corte Suprema de Justicia de la Argentina estableció en sus fallos la misma línea de razonamiento. Lo hizo en los casos de los represores Arancibia Clavel y Julio Simón, cuando el máximo tribunal marcó una diferencia entre una violación a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad, cometido desde el aparato del Estado. La Corte precisó que no toda violación a los derechos humanos es un crimen contra la humanidad y acordó con la definición de Righi. Pero, hay otros juristas que sostienen un criterio más amplio, como el del fiscal Luis Moreno Ocampo, y abarcan también a los grupos guerrilleros.
Fiscal, profesor y activista social
Fiscal adjunto ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal que en 1985 juzgó y condenó a la Junta Militar de la última dictadura argentina.
Participó del proceso contra parte de la Policía de Buenos Aires por crímenes contra los derechos humanos, incluido el general Ramón Camps.
Como jefe de la Fiscalía de la Cámara Federal de Buenos Aires estuvo a cargo de los juicios contra los militares responsables por la Guerra de Malvinas (1988) y de los dos casos de rebelión militar carapintada (1988 y 1992).
Profesor en la Universidad de Stanford (2002) y en la Universidad de Harvard (2003).
Cofundador de Poder Ciudadano, organización no gubernamental que promueve la responsabilidad y participación ciudadana.
Miembro del Comité Asesor de Transparencia Internacional, organización mundial para reducir la corrupción en transacciones de negocio internacional.
Desde 2003, es fiscal jefe de la Corte Penal Internacional. Por ahora, investiga los crímenes cometidos en Uganda, en la región sudanesa del Darfur y en la República Democrática del Congo.
Fiscal adjunto ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal que en 1985 juzgó y condenó a la Junta Militar de la última dictadura argentina.
Participó del proceso contra parte de la Policía de Buenos Aires por crímenes contra los derechos humanos, incluido el general Ramón Camps.
Como jefe de la Fiscalía de la Cámara Federal de Buenos Aires estuvo a cargo de los juicios contra los militares responsables por la Guerra de Malvinas (1988) y de los dos casos de rebelión militar carapintada (1988 y 1992).
Profesor en la Universidad de Stanford (2002) y en la Universidad de Harvard (2003).
Cofundador de Poder Ciudadano, organización no gubernamental que promueve la responsabilidad y participación ciudadana.
Miembro del Comité Asesor de Transparencia Internacional, organización mundial para reducir la corrupción en transacciones de negocio internacional.
Desde 2003, es fiscal jefe de la Corte Penal Internacional. Por ahora, investiga los crímenes cometidos en Uganda, en la región sudanesa del Darfur y en la República Democrática del Congo.
*Fuente (Diario Perfil)
